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la Ley Orgánica de Municipalidades. La
Municipalidad Metropolitana de Lima
ejerce sus competencias dentro del
ámbito de la provincia de Lima.”
La Capital de la República, según
el Artículo 49 de la Constitución, es
la ciudad de Lima (Metrópoli Nacional
que como conurbación trasciende
el ámbito de la provincia de Lima) y
carece aún del antes mencionado
“régimen especial”, pues solamente
se ha normado las transferencias de
competencias del Gobierno Nacional
a la Municipalidad Metropolitana de
Lima mediantetres Leyes de desarrollo
constitucional:
• La Ley 27783, de Bases de la
Descentralización (en su Artículo 33);
• La Ley 27867, Orgánica de Gobiernos
Regionales (en su Artículo 65); y
• La Ley 27972, Orgánica de
Municipalidades (en su Artículo 151).
Dichas Leyes norman la transferencia
a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
de “competencias y funciones específicas
irrestrictas de carácter local, metropolitano recursos que el Gobierno Nacional no ha
y regional”, incluyendo “la ejecución de
obras de inversión en infraestructura (que)
estará a cargo de dicha Municipalidad
o de las municipalidades distritales
respectivas, previo convenio con el
sector correspondiente”, y disponen
que, además, que “Toda mención
contenida en la legislación nacional
que haga referencia a los Gobiernos
Regionales, se entiende también hecha
a dicha municipalidad, en lo que resulte
aplicable.”
Como consecuencia de todo lo anterior
puede decirse que la Municipalidad
Metropolitana de Lima debe ejercer
funciones gubernamentales de cuatro
niveles:
• De Gobierno Distrital, en el Distrito
de Lima (Cercado), que no tiene
municipalidad (se proyecta crearla);
• De Gobierno Provincial, en la provincia
de Lima, como instancia superior
a las municipalidades distritales
respectivas;
• De Gobierno Regional, similar a los
demás Gobiernos Regionales del
país, función aún por desarrollarse,
pues por el momento solamente tiene
el carácter de un Programa; y
• De Gobierno Metropolitano, de la
Capital de la República (cuyo ámbito
trasciende a la provincia de Lima y
debe articularse estrechamente con
el Gobierno Nacional), cuyo régimen
especial está por diseñarse.
El avance del proceso de
descentralización se ha limitado al
segundo nivel, a las transferencias del
Gobierno Nacional a la Municipalidad
Metropolitana de Lima de competencias,
funciones y recursos como Municipalidad
Provincial. En el tercer nivel, Regional, se
ha experimentado algunas transferencias
específicas, principalmente en materia
de proyectos, obras públicas y
financiamientos; pero en otros grandes
sectores de la actividad pública,
particularmente en el caso de los sectores
sociales, el proceso de descentralización
del Gobierno Nacional al Gobierno
Regional se ha estancado, rezagándose
respecto a las experiencias ganadas en
los casos cercanos de los Gobiernos
Regionales de Lima Provincias y del
Callao.
Los Programas de Gobierno de
todos los partidos que han obtenido
representación en el nuevo Gobierno
de la Municipalidad Metropolitana de
Lima incluyeron la promesa de activar
la transferencia de competencias y
cumplido con entregar a la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Entre esas
competencias destacan dos casos
emblemáticos: Educación y Salud. Los
ciudadanos hemos convalidado esa
exigencia con nuestro voto y el Gobierno
Nacional tiene la responsabilidad
democrática de actuar en concordancia.
En este nivel ya se ha iniciado las
concertaciones del caso correspondiente
a varios campos importantes de la
actividad pública; pero la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en vez de iniciar
el proceso en el Sector Educación
prefirió dar prioridad al Sector Salud,
en el cual confronta ahora la cerrada
oposición de todos los gremios médicos.
La transferencia de competencias
y recursos educativos del Ministerio
de Educación a la Municipalidad
Metropolitana de Lima debería planificarse
y organizarse con miras al “régimen
especial” que prescribe la Constitución,
formulando y aprobando Decretos
Gubernamentales fundamentados en
un conjunto de criterios ordenadores,
tales como:
• Primer criterio: no hacerlo de manera
inmediata sino gradual, en un plazo
de 3 años, por ejemplo.
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REVISTA PEDAGÓGICA Y CULTURAL Nº 56 - 2011
• Segundo criterio: no hacerlo de
manera global, todo directamente
del Ministerio de Educación a la
Municipalidad Metropolitana de
Lima, sino mediante transferencias
simultáneas a dos niveles, del
Ministerio de Educación: 1. a la
Municipalidad Metropolitana de Lima,
y 2. a las municipalidades distritales
de la provincia de Lima.
• Tercer criterio (vinculado al segundo):
transferir las competencias y
recursos de la Educación Básica
a los Gobiernos Locales Distritales
(las municipalidades distritales de
la provincia de Lima), y los de la
Educación Superior, al Gobierno Local
Provincial (que ejerce la Municipalidad
Metropolitana de Lima).
• Cuarto criterio: transferir no solamente
las competencias, sino también el
personal, los bienes y los recursos
del Ministerio de Educación, que
actualmente está a cargo de
la administración de la Dirección
Regional de Educación de Lima
Metropolitana y de las UGEL que
dependen de ella (administran más de
la cuarta parte del Sistema Educativo
Nacional).
• Quinto criterio: transferir la propiedad
de los terrenos y locales escolares
de la Educación Básica Pública a
las municipalidades distritales de la
provincia de Lima.
• Sexto criterio: un Ministerio de
Educación sin administración directa
de instituciones educativas no requiere
los más de mil empleados actuales, ni
un edificio de 12 pisos (ese nuevo
edificio podría acoger, a la vez, al
actual Ministerio de Cultura y al futuro
Ministerio de Ciencia y Tecnología).
Finalmente, es urgente que el nuevo
Gobierno derogue el ilegal Decreto
Supremo 007-2007-PCM y reactive,
igualmente por Decreto Supremo, el
Consejo Nacional de Descentralización
(CND), con las facultades que le
otorga la Ley 27783, de Bases de la
Descentralización, como “organismo
independiente y descentralizado, adscrito
a la Presidencia del Consejo de Ministros,
y con calidad de Pliego Presupuestario…
presidido por un representante del
Presidente de la República”… con
asiento en el Consejo de Ministros, y con
un nuevo Reglamento de Organización
y Funciones.n