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ha quedado demostrado en muchos
distritos, en donde el Gobierno Central
ha transferido ese enfermo grave
llamado Educación. Los argumentos
utilizados por el Gobierno para
entregarles esta carga pesada a
los municipios, ha sido siempre el
hecho de que ellos están más cerca
a la comunidad y conocen mejor los
problemas y las necesidades del
sector Educación, a diferencia de los
funcionarios burócratas del Ministerio
de Educación; pero me pregunto: ¿era
necesaria esta medida?
Revisemos qué dice el
marco normativo: El Art.
194 de la Constitución
Política del Perú, indica
que “las municipalidades
tienen autonomía política,
económica y administrativa
en los asuntos de su
competencia”, uno de los
cuales es la prestación de
servicios públicos, dentro
de los que está incluida
la Educación (aunque no
compartimos la definición
que se le da a la Educación problemas en Educación se han
como servicio). El Art.
195 de la Constitución
Política del Perú, señala
que los Gobiernos
Locales promueven el
desarrollo de la economía
local y la prestación de
los servicios públicos
de su responsabilidad,
en armonía con las políticas y los
planes nacionales y regionales de
desarrollo. El Art. 82 de la Ley Orgánica
de Municipalidades, señala que “la
Educación es una competencia
compartida entre los niveles de
Gobierno: Nacional, Regional y Local.
Asimismo, presenta 20 competencias
y funciones específicas y compartidas
que tienen las municipalidades en
materia de Educación, Cultura, Deporte
y Recreación.
Teniendo en cuenta la legislación
señalada, vemos que las obligaciones
son compartidas y no exclusivas ni
excluyentes, por lo que se debe exigir
que tanto el Gobierno Central y el
Gobierno Regional asuman, de manera
compartida, esas responsabilidades
y no se entregue toda la carga a
los municipios distritales que tienen
serias dificultades para cumplir con
la población por lo reducido de su
presupuesto y las trabas que el sistema
burocrático impone en la administración
gubernamental.
La descentralización de la
Educación que se viene haciendo vía
la Municipalización, hasta el momento
no ha demostrado ser la solución a
las deficiencias que tiene el sistema
educativo y la calidad de la Educación.
Lejos de hacer una crítica seria y una
evaluación responsable de este proceso
en su primera etapa, el Gobierno,
sin escuchar las observaciones que
hizo el SUTEP, así como diferentes
organizaciones y expertos en el tema,
insistió en implementar la segunda
etapa, llamada de expansión, y la
tercera, de generalización; y lo que es
peor, de manera autoritaria, pretendió
hacerlo a través del DS 022-2010-ED
con el que se incorpora a ese proceso
fracasado a 606 municipalidades
distritales, todos ellas pobres, como la
gente que habita en ellos.
Las etapas mencionadas se
pretendió implementar a pesar de
comprobarse en la práctica que los
incrementado, y que los municipios
que asumieron el compromiso no
pudieron resolverlos. Por ello, muchos
de los alcaldes trataron de desistir
posteriormente, tomando acuerdos con
su Consejo de Gobierno, que no fueron
escuchados por el Gobierno Central. Al
contrario, sin respetar la autonomía de
estos Gobiernos Locales, se les obligó a
continuar con el proceso, bajo chantaje,
en algunos casos condicionándolos por
las obras pendientes en el SNIP y, por
otro lado, por denuncias pendientes en
la Contraloría de la República. También
los ilusionaron diciéndoles que con
la Municipalización les iba a llover
millones de soles adicionales, lo que
hasta el momento parece falso.
Al contrario, se comprueba que en la
mayoría de municipios distritales, luego
de algunos años de haber recibido
la transferencia de la administración
educativa, persisten las mismas
dificultades, los mismos problemas y las
mismas deficiencias.La infraestructura
de los colegios continúan en igual o
peor situación; su implementación es
deficiente; el costo de los materiales
educativos continúan cargándose a los
padres de familia, sumados a los gastos
escolares de sus hijos; los problemas
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REVISTA PEDAGÓGICA Y CULTURAL Nº 56 - 2011
de desnutrición y el déficit alimenticio de
los estudiantes se han incrementado; los
problemas de deserción y ausentismo
escolar siguen igual; los profesores
no han mejorado su poder adquisitivo
–al contrario, se contratan hasta dos
maestros con el sueldo de uno–; no
hay capacitación que ayude a mejorar
su desempeño profesional; la calidad
de la Educación no ha mejorado en
comparación con los años anteriores;
los municipios y sus alcaldes tienen que
enfrentar continuamente las protestas
de los profesores, los trabajadores
administrativos y hasta de las APAFA.
La experiencia del distrito de Los
Olivos, en Lima, es una muestra de
lo negativo que ha constituido este
proceso de Municipalización, a tal punto
que el último 12 de mayo, los profesores
de los centros educativos, trabajadores
administrativos y directores de las
Instituciones Educativas, hicieron un
paro de 24 horas y realizaron, junto
a los padres de familia, una masiva
movilización y una manifestación en el
frontis de la municipalidad. Su alcalde,
Felipe Castillo, trató de desviar la
atención de los manifestantes, trató de
dar un discurso que nadie lo aceptó y
al contrario fue rechazado, optando por
retirarse en medio de gritos de protesta.
Esas mismas escenas se presentan
permanentemente en diferentes
distritos del país; pero el Gobierno
Central continúa en su pretensión
de seguir imponiendo a los alcaldes
distritales esta responsabilidad,
comprometiéndoles en una tarea
para el cual no están preparados. No
puedo dejar de hacer una comparación
obligatoria entre el distrito de Los
Olivos, en Lima, que a la vista de todos
tiene ingentes ingresos por el comercio
instalado en su jurisdicción y que,
pese a ello, no ha podido solucionar
los problemas educativos; con los
distritos de Lagunas y Balsapuerto,
en la provincia de Alto Amazonas,
región Loreto, que también fueron
incorporados en la Municipalización,
que sólo viven de las migajas del canon
petrolero y de la asignación mensual del
FONCOMUN. ¿Qué rumbo tendría la
Educación de estos distritos si continúa
este proceso? Si en Los Olivos, el pago
de la remuneración de los maestros
recién se efectúa después de 10 días
que pagaron a los demás profesores,
si los bancos y cajas de créditos no