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como parte del presupuesto y del
gasto público, dejando el campo
propicio para el negocio privado.
Tal comportamiento, no cabe duda,
explica las severas carencias de la
infraestructura escolar nacional y
está en la base del fenómeno de
migración de la matrícula escolar
del sector estatal gratuito hacia el
sector pagado.
Una decisión emblemática,
asociada con el deterioro de la
educación a cargo del Estado,
fue la implantación del doble –y
hasta triple— turno en el uso de
las instalaciones escolares, como
medida para atender la enorme
necesidad y demanda educativa
de la población, con el mínimo
de esfuerzo económico por parte
de los gobiernos de turno. Se
optó por un uso intensivo de la
infraestructura escolar existente,
con todo lo que ello implica como
deterioro de las condiciones de
trabajo y de estudio, y de la calidad
de procesos educativos, en vez de
apostar —como lo hicieron otros
países— por una política decidida
de inversión en escuelas y colegios
dignos y adecuados para atender
a los nuevos estudiantes en toda
la república. Aún hoy se mantiene
en gran medida esta política, que
sólo podrá ser revertida si se
implementa un programa muy
agresivo y efectivo de construcción
de nuevas escuelas y colegios en
áreas rurales y en las zonas más
vulnerables de las ciudades.
El desinterés del Estado con
respecto a la educación escolar de
la mayoría de los peruanos también
se ha expresado, por décadas, en
el maltrato a los profesores, pese a
que se los reconoce como el factor
clave de la calidad de la educación.
Las políticas magisteriales,
incluyendo la remuneración y las
condiciones de trabajo —además
de la formación inicial y en servicio prestigiosas a jóvenes con una
de los maestros— no han hecho
más que precarizar la profesión
de los educadores, desalentar a
los jóvenes con vocación docente
y desmotivar a los profesores en
actividad. La docencia ha pasado a
ser una profesión sin prestigio, mal
remunerada, integrada por hombres
y mujeres que se ven obligados
a priorizar otras ocupaciones y
actividades cotidianas –distintas a
la enseñanza– que compensen sus
escasos ingresos, para completar
sus presupuestos familiares.
En muchos casos, los propios
docentes de la planilla pública
han optado por aprovechar la
desregulación del negocio privado
de la educación para instalar
pequeñas “instituciones educativas”
–en condiciones verdaderamente
El desinterés del
Estado con respecto
a la educación escolar
de la mayoría de los
peruanos también se ha
expresado por décadas
en el maltrato a los
profesores, pese a que
se los reconoce como
el factor clave de la
calidad de la educación.
precarias y muy insatisfactorias en
zonas urbanas populares. El ingreso
que generan estos docentes con
estos negocios escolares –a menudo
basados en la explotación informal
de otros profesores más jóvenes
supera en mucho a lo que aquellos
reciben como remuneración por
parte del Estado. Como es de
suponer, los maestros dueños
de pequeños centros educativos
dedican mayor tiempo y atención a
sus propios negocios que a su papel
como docentes de las instituciones
educativas del Estado.
En los últimos años el Estado
ha realizado algunos esfuerzos
—aún muy insuficientes— para
mejorar la situación de la profesión el motor y el propósito del negocio
magisterial. En ese sentido, cabe
destacar la puesta en marcha de
la beca “Vocación de Maestro”,
que financia los estudios de
Educación en universidades
destacada trayectoria escolar y
deseos de dedicar su vida a la
enseñanza en la educación inicial y
primaria. Se trata de una iniciativa calidad con equidad.
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que debe continuar y crecer en
financiamiento, ampliando su oferta
a la formación de profesores de
educación secundaria y otras
especialidades. También resulta
positiva la implementación de
la Carrera Pública Magisterial, el
descongelamiento de los ascensos
por mérito y otros beneficios, que
deben ser potenciados con un
aumento inmediato y universal
de la remuneración básica, desde
el primer nivel o etapa de la
carrera. Otra iniciativa valiosa es
la participación de profesores,
de la planilla pública de todo
el país en programas formales
de formación de posgrado y de
segunda especialidad, financiados
por el Ministerio de Educación.
Es de esperar que estas políticas
positivas sean continuadas en los
próximos años.
Por otro lado, además de
descuidar y debilitar a la escuela
pública gratuita, el comportamiento
del Estado peruano ha promovido el
crecimiento del negocio “educativo”
desregulado, estimulando
activamente el traslado de la
matrícula escolar del sector estatal
al creciente sector escolar privado
y pagado. Este comportamiento
nefasto se ha visto fortalecido
desde la aprobación –durante el
gobierno de Alberto Fujimori- del
Decreto Ley 882, de “Fomento
de la Inversión Privada en la
Educación”, que lamentablemente
no fue eliminado por la Ley General
de Educación aprobada durante el
gobierno de Alejandro Toledo y no
ha sido derogado hasta la fecha.
La norma vigente permite que la
ganancia económica –el lucro- sea
educativo, y reduce al mínimo el
rol del Ministerio de Educación en
lo que respecta a la vigilancia y el
control de la calidad del servicio,
dejando esta tarea en manos del
INDECOPI; como si se tratara de
una actividad económica cualquiera
y no de la realización del derecho
fundamental a una educación de
En síntesis, se puede afirmar
que el comportamiento del Estado
peruano, por acción o por omisión,