En las últimas semanas hemos escuchado frecuentemente las palabras Fonavi y su derivado «fonavistas», que denomina la pertenencia de un grupo de personas a esta extraña sigla, que significa originalmente «Fondo Nacional de Vivienda». Largas colas de señores de la tercera edad, que no deberían estar atravesando estos trances, se vienen formando en las agencias del Banco de la Nación y en un local, ubicado en el Centro de Lima, donde desde hace años se reúnen estas personas para hacer cálculos, proyecciones, padrones y trámites que muchas veces terminan en la generación de falsas expectativas, promesas incumplidas, maltratos y hasta estafas. En cualquier sistema de seguridad social del mundo, el anciano merece todas las consideraciones, protecciones y garantías de que podrá atravesar los difíciles años de la ancianidad (que involucran soledad, enfermedad, apreturas económicas, etc.) sin sobresaltos ni apuros de esta naturaleza. Sin embargo vemos cómo son sometidos a múltiples situaciones incómodas y riesgosas, porque la necesidad los conduce a esperanzarse de una devolución que parece no estar ajustada a la realidad. Pero ¿cuál es la historia detrás de esto? ¿qué es, o qué fue, en principio, el Fondo nacional de Vivienda, el tan mentado FONAVI? Te lo contamos en esta nota:

El decreto Ley 22591 creó el Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI en 1979. Tuvo vigencia hasta 1998, cuando se le cambió de nombre a Impuesto Extraordinario de Solidaridad, derogado en el año 2004. La historia del FONAVI, tuvo una vida muy agitada.
El FONAVI fue una de las últimas creaciones del gobierno militar, un impuesto para financiar préstamos para la construcción o adquisición de viviendas, que era una retención del sueldo de los trabajadores en planilla.

Terminada la primera fase del gobierno revolucionario, es decir el mandato del general Juan Velasco Alvarado, y tras el nombramiento del general Francisco Morales Bermúdez, se inicia el traslado del poder político a manos de la ciudadanía, lo que se denominó la segunda fase de la revolución.

En aquella época se vivía un clima constante de agitación social, lo cual significaba para el gobierno la creación de mecanismos idóneos para atender los diversos reclamos de las masas populares, entre dichos malestares estaba el de la vivienda.

Elegido constitucionalmente el arquitecto Fernando Belaunde Terry, utilizó los fondos del FONAVI para el desarrollo de un plan urbano. A través del Decreto Legislativo 22, se estableció que el aporte del trabajador a dicho fondo no sería del 1% (como inicialmente figura en la ley de su creación), sino que debería ser del 0.5%. El empleador aportaba el 4%. Durante el primer gobierno de Alan García Pérez, el aporte al FONAVI fue elevado del 0.5% al 1% mediante Decreto Legislativo 497.

Durante los 11 años de gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, el Perú sufriría una serie de transformaciones, producto de la crisis económica, la lacerante presencia del terrorismo y el posterior “autogolpe”, término con el que se denominó al cierre del Congreso que realizara Fujimori el 5 de abril de 1992. Esto último dio al gobierno amplia libertad para iniciar los procesos de desregulación y disminución de los derechos laborales existentes hasta ese momento.

A diferencia de la Constitución de 1979, la de 1993 no reconoció el derecho a la vivienda como una necesidad básica de las personas, y restringió el concepto de políticas públicas. En ese contexto, el financiamiento para la vivienda estatal priorizó a los sectores medios. El Banco de Materiales, sin embargo, siguió prestando apoyo a nivel nacional para la autoconstrucción pero en menor escala que en la década anterior.

El objetivo central del FONAVI fue financiar la construcción de viviendas de los trabajadores, sin embargo mediante Decreto Ley 25520 (del 27 de Mayo de 1992), el objetivo cambió, pues se hablaba de asistencialismo en infraestructura que era adyacente a la propia vivienda así como en la atención a las “clases más necesitadas“, hecho que finalmente motivó la desaparición del FONAVI y su formal desactivación en 1998, y posterior cambio de nombre. En virtud de sus nuevos objeticos se le denominó Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Cientos de miles de trabajadores empezaron a preguntarse dónde estaban sus aportes, muchos de los cuales habían sido retenidos durante los 19 años de vigencia de este impuesto.

Con los años apareció en el entorno sociopolítico peruano, la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú, que reactivó el derecho a devolución de aportes del desaparecido FONAVI mediante la remisión al Congreso de la República de un proyecto de ley. Dicho proyecto considera diferentes opciones para cumplir con esta devolución. Sin embargo el proyecto no fue tomado en cuenta al expedir la norma que determina el uso de los fondos del FONAVI.

Dicha situación motivó que, nuevamente, la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú vuelva a realizar el intento, para que el Estado les devuelva los aportes que hicieron durante todos los años que duró el Fondo Nacional de Vivienda (de 1979 a 1998). En este sentido los aportantes empezaron a recoger firmas para convocar un referéndum que someta a votación su propuesta de devolución de dinero.

El 29 de marzo del 2001, a través del uso de una norma sobre participación ciudadana en los asuntos públicos permitida por la Constitución en su artículo 31 y haciendo prevalecer el artículo 16 de la norma, se inician los trámites para solicitar un “Referéndum para la devolución de los aportes del FONAVI”.

Desde entonces, mucha agua ha corrido debajo del punete y la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú se convirtió en una institución civil de permanente presencia en los medios y juzgados, persiguiendo la causa justa de la devolución de aportes a los trabajadores. Su relación con la sociedad fue variando hasta el punto de convertirse en un partido político, con firmas y disposición a la competencia electoral presidencial y municipal. Sus candidatos nunca alcanzaron resultados positivos. En lo que sí consiguieron fuerza fue en el posicionamiento social del tema de la devolución de aportes del FONAVI, causa que llevaron hasta el Tribunal Constitucional.

En ese punto es en el que ns encontramos ahora, tras la sentencia del TC que ordena la devolución de los aportes del FONAVI, precisando que debe hacerse de manera íntegra y actualizada. Esto significa que los montos aportados debían traducirse en su valor actual, tomando en cuenta los cambios de moneda, la canasta básica, y hasta los intereses que estos aportes habrían ganado originalmente, con miras a que aun hoy sirvan para su fin original: la posibilidad de financiar una vivienda.

Sin embargo, el gobierno actual ha dispuesto un total máximo de S/. 1,870.00 (poniendo como tope 187 meses de aportaciones, a S/. 10.00 por mes). Estos factores de cálculo no han sido explicados de manera que cobren sentido pues entre 1979 y 1998 hay 19 años, es decir 228 meses, y por otro lado, no hay tampoco una explicación clara de por qué se estandariza a diez soles por mes, cuando a cada aportante se le retenía el porcentaje de acuerdo a su sueldo. ¿Es un promedio? ¿es una cantidad escogida de manera aleatoria?

Esto ha generado una serie de reacciones que van desde la resignación, bajo la premisa del «algo es algo», hasta la indignación de un sector que no está de acuerdo con esta devolución, la cual consideran incompleta.

Lo cierto es que cientos de miles de ancianos, jubilados y en muchos casos debilitados por la enfermedad, están ahora a merced de todo tipo de riesgos para su salud, integridad física y seguridad; no solo por las angustias y esperas de años de lucha por su derecho a la devolución íntegra de sus aportaciones, sino porque a su alrededor hay una serie de personajes despreciables que son capaces de las peores artimañas para engañarlos y quitarles lo poco que les dan, ante la desprotección de un sistema que parece no agradecerles por todo el trabajo que han dado a lo largo de su vida laboral activa.