Derrama Magisterial es la institución de Seguridad Social de los maestros de Escuela Pública del Perú. En ese sentido, nos interesa toda información relacionada a la profesión docente, tanto para recoger experiencias como para aportar -en casos que así lo merezcan- nuestra experiencia como profesores de aula, directores y administradores de instituciones educativas. Por ello, aunque el tema de la nueva Ley Universitaria no nos compete directamente, pues está referido a las cátedras de educación superior, es importante que transmitamos a nuestros seguidores noticias de actualidad al respecto, pues estas son generadas por algunos de los actores que participan de nuestra actividad cotidiana: autoridades gubernamentales, instituciones educativas y expertos con quienes interactuamos frecuentemente. Aquí les presentamos un resumen de las primeras reacciones en este debate que promete seguir en los próximos meses:

La aprobación del dictamen de la nueva Ley Universitaria por la Comisión de Educación del Congreso de la República ha originado una serie de reacciones; más en contra que a favor de la norma, que de ser aprobada por el parlamento; regirá el destino de la universidad peruana.

El tema en debate involucra a 783 mil estudiantes universitarios, 59,000 docentes y un alto número de graduados y requiere la intervención de sus principales actores por ser ellos los que mejor conocen los problemas internos, señala el comunicado de una de las principales casas de estudio del país.

Al respecto, representantes universitarios a través de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), cuestionan la ley porque en ella, según ellos afirman, no se menciona un incremento en el presupuesto de las universidades. Sostienen además que recorta los derechos estudiantiles, mercantiliza la educación superior, tiende al control político de las universidades y la represión de los estudiantes

Por su parte, las autoridades universitarias en las personas de sus rectores, también han presentado sus puntos discordantes con la nueva norma, en especial con la creación de una Superintendencia que velaría por la calidad de las universidades y que dependería del Ministerio de Educación. Es un atropello, pues bajo esa instancia las universidades perderán autonomía académica, administrativa, normativa, económica y de gobierno, sostienen.

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, propulsor y uno de los principales gestores de esta iniciativa, Daniel Mora Zevallos, afirma que la ley apunta principalmente a buscar la calidad universitaria en todos sus extremos, con el objetivo es contribuir sustancialmente al desarrollo del país.

Uno de los méritos de la iniciativa es que ha puesto en debate público el tema de la educación universitaria y su situación actual, destaca el educador Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación.

Lo que sí queda claro, es que el proyecto que fue debatido durante año y medio por el Congreso, no solo ha generado objeciones de autoridades académicas, estudiantes y especialistas en el tema, sino también entre los mismos congresistas, como quedó demostrado en la Comisión de Educación, integrada por 19 miembros, de los cuales solo ocho han dado luz verde al dictamen.