Derrama Magisterial, institución previsional del Magisterio Nacional, consolida su liderazgo en el rubro de la Previsión Social con la organización, en conjunto con EsSalud y la AISS, del Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas, evento en el cual se debatirán y analizarán la actual situación de la seguridad social en nuestros países, durante tres días (del 5 al 7 de diciembre).

Para entender mejor la importancia de los temas que serán desarrollados en este foro internacional, Derrama Magisterial ha recopilado algunos datos de interés respecto a la problemática de la seguridad social en diversos países de la región, en el marco de los profundos cambios poblacionales a nivel mundial, la nueva estructura de los sistemas laborales y por supuesto, el impacto devastador que la crisis financiera global iniciada en el 2008 – y que aun no ha terminado – ha tenido y seguirá teniendo sobre economías frágiles como las de nuestro continente.

En las siguientes líneas, presentamos un panorama general de esta problemática, con información relevante extraída de estudios recientes de instituciones como la AISS, la OIT, la CEPAL, entre otras:

Unos pocos países en nuestro continente lograron avances significativos en la materia. Un Informe de la OIT publicado en el año 2010 indica que, en Brasil, el 71.6% de la población mayor de 60 años tenía pensión de jubilación; en Argentina, el 69.2% y en Chile el 51.8%. Les seguía Panamá con un 44.5%. Los demás países presentan un porcentaje menor del 25% de los mayores de 60 años. La situación se torna cada vez más dramática, si a los datos anteriores se añade que en el decenio 1990 – 2000 el porcentaje de cobertura en seguridad social cayó en la mayoría de los países, salvo Venezuela (pasó del 15.4% al 24.4%) y Brasil (del 63.0% al 71.6%).

De otra parte, un estudio de la CEPAL en 13 países de América Latina evidencia que en las áreas urbanas el 25% de las mujeres y el 10% de los hombres mayores de 60 años carece de ingresos propios, es decir que para sobrevivir dependen totalmente de la ayuda del Estado, de su familia o de instituciones privadas de beneficencia.

La situación no solo abarca a las personas viejas de hoy. Una mirada a los informes de los organismos internacionales y de los gobiernos sobre el desempleo en adultos y jóvenes evidencia que las condiciones para los viejos del mañana no son mejores, máxime si se consideran los efectos de la revolución demográfica que traerá un aumento inusitado en la población mayor de 60 años.

Las últimas estimaciones de la OIT indican que solamente 27.6% de las personas entre 15 y 64 años cotizan para su pensión en la región. Pero la verdad es que todos envejecemos, y todos necesitaremos un ingreso para esquivar la pobreza a una edad avanzada.

Por otra parte, la brecha de cobertura en la protección es significativa, pues 40% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pensión. La proporción es similar para los servicios de salud de la seguridad social. Además, debemos considerar que los sistemas de protección social deben apuntar a otros grupos vulnerables de la población. En este contexto, la seguridad social debe ser una herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

La baja proporción de personas que logran contribuir una parte de sus ingresos nos indica que será imposible financiar los sistemas de seguridad social solamente con cotizaciones personales, más aún si habrá cada vez más adultos mayores y menos jóvenes. Es indudable que corresponde un papel al Estado así como a la sociedad en su conjunto. Los sistemas de seguridad social basados exclusivamente en regímenes contributivos son ideales pero pertenecen al pasado, y ahora es necesario generar opciones no contributivas también.

Desde las Naciones Unidas se ha abordado el desafío de la brecha en seguridad social con una propuesta que busca maximizar la cobertura hasta hacerla universal, mediante un uso eficiente y creativo de los recursos disponibles. Se llama la iniciativa del Piso de Protección Social, y busca combinar la garantía de un ingreso básico para todas las personas con la prestación de servicios esenciales, por ejemplo en salud.

Durante la crisis internacional, en los países donde se sintieron efectos más moderados y donde la recuperación fue más rápida, las medidas de protección social tuvieron un efecto positivo, pues permitieron mantener la demanda y contribuyeron a la productividad laboral. La seguridad social beneficia a las personas, a las comunidades, a los lugares donde trabajan o viven y por lo tanto actúan como estabilizadores económicos.

En cierto sentido estamos en una encrucijada. Enfrentamos el dilema de parchar sistemas que no han funcionado bien nunca y que serán sobrepasados, o seguir el camino de iniciativas que contribuyan al bienestar ciudadano como base de sociedades económicamente más competitivas y socialmente más inclusivas.